Un informe del Consejo de Europa pide a España que investigue el uso de Pegasus

Un informe del Consejo de Europa sitúa España al mismo nivel que países como Hungría o Polonia en relación al uso de programas de espionaje como Pegasus. En el primer borrador del documento aprobado este viernes, los miembros de la asamblea parlamentaria del órgano definen Pegasus como una herramienta “altamente intrusiva” y aseguran que tienen “serias dudas” de su uso. Ante la “gran preocupación” que genera, anima a España a proporcionar reparaciones a las víctimas en los casos en los que se haya detectado un “abuso ilegal” y pide que se dejen de usar argumentos como el secreto de Estado para denegar el acceso a la información. Así, reclama que en el plazo de tres meses se informe al órgano europeo sobre las medidas que ha llevado a cabo además de solicitar una investigación “inmediata, independiente y efectiva” sobre los casos confirmados.

“Los estados deberían abstenerse de utilizar dicho software espía hasta que sus leyes y prácticas sobre vigilancia secreta estén en consonancia con la Convención y otras normas internacionales”, apunta el informe, redactado por el parlamentario holandés Pieter Omtzigt acerca del uso en Europa del ‘spyware’ Pegasus.

Esto supone, al entender de ERC, un duro revés para los intereses y la imagen internacional de España. Los republicanos, que atribuyen al Gobierno una alta sensibilidad ante las tendencias de la opinión pública europea, esperan que el posible renacer de lo que se conoce como la ‘leyenda negra’ española -en la que cabe desde el genocidio de pueblos indígenas en América a la creación y pervivencia de la Santa Inquisición o al hecho de que fuera el último país de la Europa Occidental en acceder a la democracia- lleve al Ejecutivo a abrir la mano y dejar que fluya la información sobre el Catalangate.

Y es que en el informe, Omtzigt coloca a España en la lista de países que levantan preocupación en Europa por cómo han utilizado este programa informático, sin reparar en posibles vulneraciones de derechos fundamentales, como son los de la privacidad y la libertad de expresión, entre otros.

El texto sitúa también en esa lista, junto a España, a la Hungria del ultranacionalista Viktor Orban, a Polonia, que cuenta con un Ejecutivo no menos radicalmente de derechas que los húngaros, Grecia y Azerbayán. A todos ellos, el Consejo de Europa les afea el uso del ‘spyware’ con fines políticos mediante su introducción en los teléfonos de sus rivales políticos y les reclama una investigación plena para que indague si ha habido tal vulneración de derechos.

Sin excusas

Tanto cree el organismo europeo que el motivo policial es tan secundario, en el caso de estos países, que el informe advierte a estos cinco estados, y singularmente al español, que se abstenga de escudarse en la presunta pertenencia de la información relativa al espionaje telefónico a la categoría de ‘seguridad nacional’ para no facilitarla a quienes han sido víctimas de presuntos abusos.

Sin ir más lejos, el propio Pedro Sánchez recurrió al argumento para negarle al ‘president’ Pere Aragonés, uno de los 65 presuntos espiados, la información que requería para retomar las relaciones entre la Generalitat y el Estado, que se habían congelado pocos meses antes, cuando se hizó público la existencia de decenas de independentistas afectados por el ‘spyware’ y que revelaban que la vigilancia a Ernest Maragall y Raül Romeva no habían sido, por tanto, meros casos aislados sino una práctica recurrente.

Asimismo, el ‘informe Omtzigt’ recomienda a las instituciones europeas que convoquen una cumbre con todos los países para acordar unas normas de uso de este tipo de software y proteger los derechos de los ciudadanos.

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