Los letrados del Congreso enfrían el uso “inmediato” de lenguas cooficiales: “Es muy difícil, si no imposible”

Los servicios jurídicos del Congreso dudan de que las lenguas cooficiales puedan usarse de manera efectiva en todos los procedimientos, al menos en el “corto plazo”, advirtiendo que resulta muy difícil, si no imposible la aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata. Los juristas advierten de que “difícilmente podrán cumplirse” los plazos que rigen la actividad parlamentaria de aplicarse en su totalidad la reforma del Reglamento de la Cámara impulsada la semana pasada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG. Este miércoles, la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, analizará el informe de los letrados y prevé calificar la iniciativa, que irá a debate la semana que viene con el objetivo de que se apruebe de manera exprés, en tramitación directa y mediante lectura única, y se haga efectiva en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el 26 y 27 de septiembre.  

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, no pone objeciones a su admisión a trámite y a su aprobación a contrarreloj, pero advierten de las serias dificultades que plantea esta norma, que permite el uso de las lenguas cooficiales en todos los tipos de iniciativas parlamentarias, no afectando solo a las intervenciones orales sino a todos los escritos registrados y publicados en el Congreso, como los Diarios de Sesiones o el Boletín Oficial de las Cortes. 

La norma, según los letrados, fija un “derecho general a utilizar sin limitaciones y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria” estas lenguas y permite “la posibilidad de su uso exclusivo, al margen del castellano“, algo que hace precisar “inexcusablemente” de mecanismos de traducción e interpretación a la lengua común. Una circunstancia que, consideran los funcionarios, “resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo”.

“Afecta a los plazos”

El motivo de esta dificultad radica precisamente en que la reforma “afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios y, por ende, al entero funcionamiento de la Cámara”, advierten los servicios jurídicos, que han llamado a “replantear todos los procedimientos parlamentarios”, en garantía “de la seguridad jurídica” del proceso legislativo. Los trámites necesarios que deberá cumplir el Congreso para tener un sistema de traducción tampoco parecen facilitar su aplicación inmediata. 

La reforma incluye una disposición transitoria que retrasa seis meses el uso de lenguas cooficiales en la presentación de textos escritos, que en el periodo de transición podrán presentarse en otra lengua distinta al castellano pero deberán ir acompañados de una traducción. En el caso de las intervenciones orales sí se permitirá de manera inmediata y está previsto que la Mesa acuerde este miércoles que los propios diputados dispongan de dos opciones: ‘autotraducir’ sus intervenciones o entregar un escrito con la transcripción en castellano.  

En los seis meses de transitoriedad, está previsto que el Congreso reúna los medios necesarios para hacerse con los medios de traducción e interpretación necesarios, que deberán contratarse de manera exprés y licitarse según la Ley de Contratos Públicos; un trámite que, advierten fuentes parlamentarias, podrían dificultar incluso que pueda aplicarse la traducción simultánea en el plazo establecido de seis meses.

Mientras tanto, fuentes parlamentarias advierten a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, de que se han producido consultas técnicas por parte de los servicios del Congreso a los del Senado, donde ya está vigente el uso de lenguas cooficiales en las intervenciones orales, sin que se aplique en este caso a los registros escritos, como sí sucederá en la Cámara Baja. Tampoco se ha solicitado por el momento recurso alguno al órgano de Gobierno de la Cámara Alta.

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