La verdad judicial del 11-M: la Audiencia Nacional despejó bulos, pero no pudo determinar los autores intelectuales

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El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una célula yihadista colocó trece artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Se trató del primer acto terrorista islamista cometido en España tras el inicio de la batalla mundial emprendida por EEUU a raíz del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Murieron 191 personas y 1.857 resultaron heridas. El país entero quedó conmocionando y se generó una gran polémica sobre la autoría de los hechos ante la posibilidad de que hubiera sido ETA, alimentada en los días posteriores a los atentados por el Gobierno de José María Aznar.

Instrucción y juicio

En medio de esta confusión comenzó la investigación del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que ocupó 241 tomos y duró 28 meses. Finalmente, se procesó a un total de 29 personas, pero se trató en todo caso de “conductas periféricas”, colaboradores en su mayoría, y solo dos de los terroristas que se sentaron en el banquillo fueron sentenciados como autores materiales. Los miembros de la célula que participaron directamente en las explosiones se habían inmolado un mes después de los atentados en un piso de Leganés, cercados por los GEO, causando la muerte de uno de los agentes en la explosión. Ni la instrucción ni el juicio posterior permitió fijar en sentencia la autoría intelectual.

El juicio comenzó apenas tres años después de la matanza, entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007, en un pabellón de la Casa de Campo de Madrid, que fue preparado para que se pudiera acoger a todos los acusados, sus abogados, el numeroso público que acudió cada día y para que se pudiera transmitir las sesiones en directo. La sentencia se leyó en este mismo espacio el 31 de octubre de ese mismo año.

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¿A quién se juzgó por los atentados del 11M?

Del total de 29 procesados, el tribunal integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara absolvió a ocho, pero las condenas impuestas fueron ejemplares. Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, a más de 42.900 años de cárcel al considerarles autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras -líder del grupo que facilitó los explosivos- a 34.715 años como autor por cooperación necesaria. Los tres terminarán de cumplir sus condenas en 2044, si bien el asturiano, que sufre trastornos mentales, ha solicitado recientemente que le sea aplicada la eutanasia.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una célula yihadista colocó trece artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid

El objetivo del atentado

La resolución fija los objetivos que buscaban los terroristas: “Mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria”.

Bombas en los trenes

En total fueron colocadas trece mochilas o bolsas cargadas con explosivos temporizados para que explosionaran simultáneamente. Diez de ellas entre las 7:37 y las 7:40 horas del 11 de marzo de 2004. El último artilugio explosivo fue colocado por Zougam en el cuarto vagón del tren número 21713, que salía de Alcalá a las 7:14 horas y explosionó a las 7:38 horas cuando el tren estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación de Santa Eugenia. 

Las condenas impuestas fueron ejemplares. Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, a más de 42.900 años de cárcel como autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras -líder del grupo que facilitó los explosivos- a 34.715 años

¿Quiénes las colocaron?

Los hechos probados de las sentencia detallan que fueron Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, alias El Chino; Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema Lamari –todos ellos muertos en la explosión de Leganés– y una octava persona que no pudo ser identificada, junto con el condenado Jamal Zougam, quienes en la mañana del día 11 de marzo de 2004 colocaron en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid un total de trece artilugios explosivos. Los artefactos eran de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil.

Estos siete terroristas, “ante la inminencia de su detención por la policía”, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO sobre las 9 de la noche del 3 de abril de 2004. La explosión mató al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Torronteras.

Además de los ocho ocupantes del piso de Leganés, fueron sentenciados por participar en mayor o menor medida en el atentado otros yihadistas: Rabei Osman Al Sayed Ahmed, Hassan el Haski, Youseff Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Gnaout o Kanoui, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachif Aglif, Mohannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit Anghar, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidan.

A consecuencia de las explosiones fallecieron 191 personas: 34 en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1857 personas y se produjeron importantes daños materiales

Sentencia de la Audiencia Nacional del 11.M

Autores intelectuales

Ni la Audiencia Nacional ni posteriormente el Tribunal Supremo encontraron pruebas suficientes para condenar a Rabei Osman el Sayed ‘El Egipcio’, señalado como uno de los supuestos autores intelectuales de los atentados de Madrid. Ya había sido sentenciado por integración en banda terrorista en Italia.

Según la entrevista concedida a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, por el presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez, al cumplirse 20 años de los atentados, el suicidio de los autores materiales dejó a la justicia sin apenas información en este aspecto “¿Quién ideó los atentados? Pues mire usted, no lo sabemos”, ha señalado a este diario. Según el hoy abogado, pudo tener mucho que ver en esto Serhane Ben Abdelmajid Fakhet alias El Tunecino, que se suicidó en Leganés. “Pero hay teorías de expertos, de expertos muy cualificados, que dicen probablemente uno de los ideólogos de los atentados fue un conocido yihadista que se nos dio la fuga en la llamada Operación Dátil, que nunca pudimos juzgar y que creemos que murió en Siria en 2005″, añade.

Muertos y heridos

A consecuencia de las explosiones fallecieron 191 personas: 34 en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1857 personas y se produjeron importantes daños materiales que no han sido tasados en su totalidad. A estas cifras hay que añadir el GEO que murió en Leganés y una mujer que fue considerada víctima de los atentados 18 años después de los mismos. En total, 193 fallecidos.

Los explosivos

El análisis de los explosivos empleados fue uno de los aspectos más controvertidos de la instrucción y también durante el juicio, y sirvió desde algunos ámbitos para sembrar dudas sobre la autoría de los atentados. 

La sentencia fijó, sin embargo, que “toda o gran parte de la dinamita” de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés más la hallada durante el desescombro posterior a la explosión, procedía de la mina Conchita, situada en el término de Belmonte de Miranda, Asturias, propiedad de la empresa Caolines de Merillés, S.A. La dinamita fue sustraída, con la connivencia de algún minero, aprovechando el nulo control sobre el consumo que existía en dicho momento en la mina.

Se descartó, entro otras, la implicación de una sustancia empleada para labores de desinfección por humedades, el ácido bórico, encontrada a los terroristas y también en un piso que usaba ETA en Madrid. La alusión en el juicio a esta coincidencia por parte de quien en el momento de producirse los atentados era el director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, le valió ser sancionado por el tribunal y que se dedujera su testimonio ante el Supremo por un posible delito de desobediencia grave por el que jamás fue condenado. La sentencia se empleó de forma especial en analizar todo lo relacionado con los vestigios de las bombas encontrados en diferentes escenarios.

Al menos una parte sustancial de los explosivos fue ocultada en la finca que Jamal Ahmidan, alias el Chino, venía usando desde octubre de 2003 en Chinchón, en el camino de Morata de Tajuña y cuyo alquiler firmó con identidad falsa. Allí es donde se prepararon los artefactos.

Trama asturiana y confidentes

El uso de la dinamita es el que vincula a los yihadistas con lo que se denominó la trama asturiana del 11-M, el grupo de personas vinculadas al tráfico de drogas y venta de dinaminta en la zona de Avilés que facilitaron el explosivo para atentar.

El contacto se originó casi tres años antes, en septiembre de 2001, al coincidir en la cárcel de Villabona (Asturias) Rafá Zohuier y Antonio Toro, un asturiano condenado por trapichear con drogas que presentó a este yihadista a su cuñado Suárez Trashorras.

Se da la circunstancia de que Zouhier había sido captado como confidente de la Guardia Civil durante su estancia en prisión, y puso en conocimiento de los agentes que el cuñado de Toro se dedicaba a traficar con explosivos y afirmaba que tenía 150 kilos para vender. Esta información fue valorada por los agentes de la autoridad como fiable y contrastada, y por ello viajaron a Asturias para conocer a Toro una vez éste salió de prisión y pidieron a Zohuier una muestra del explosivo.

Zohuier no volvió a hablar de explosivos a la Guardia Civil hasta después del 11 de marzo de 2004, a pesar de que estaba haciendo labores de intermediación para el suministro de detonadores y explosivos entre el grupo de Jamal Ahmidan y Trashorras. 

Entre finales de octubre de 2003 y primeros de enero de 2004, otro de los miembros de la célula, Jamal Ahmidan, alias el Chino, acordó con Trashorras el suministro de dinamita procedente de las minas asturianas. Lo pactaron en reuniones celebradas en restaurantes McDonald’s de los barrios madrileños de Moncloa y Carabanchel, acordando el traslado del explosivo en viajes en autobús para los que el asturiano se valió de un grupo de jóvenes que compensaban así favores o deudas con el asturiano, y que pensaban que el material que traían a la capital era hachís.

Confirmación del Tribunal Supremo

La sentencia definitiva por los atentados del 11M la dictó el 17 de julio de 2008 el Tribunal Supremo. La revisión del delito de pertenencia a organización terrorista y del principio de presunción de inocencia llevaron al alto tribunal a absolver a tres de los yihadistas y ex minero asturiano Raúl González, ‘el Rulo’, si bien el resto de conclusiones a las que había llegado la Audiencia Nacional fueron confirmadas.

Recurrieron la sentencia de la Audiencia, por diferentes motivos, tanto la Fiscalía, como las asociaciones 11-M Afectados del Terrorismo, de Ayuda a las Víctimas del 11-M, varias víctimas particulares y los veintiún condenados. Entre los aspectos más relevntes de su respuesta, el alto tribunal confirmó la absolución de Rabei Osman El Sayed, El Egipcio, pero condenó a Antonio Toro, que había sido exonerado por la Audiencia, por tráfico de explosivos.

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