Génova apunta a Armengol por las mascarillas de Baleares: “Es insostenible que siga”

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El goteo de informaciones sobre la trama de corrupción en la compra de mascarillas conocida ya como caso Koldoa raíz de los distintos informes de la UCO de la Guardia Civil que obran en el sumario ha convencido al primer partido de la oposición de que esto “va para largo”. En el PP ven probable que durante “los próximos meses” se sigan conociendo detalles que “terminarán de acorralar” al PSOE, en el primer gran caso de corrupción de los socialistas bajo el mandato de Pedro Sánchez. Lo que no impide, coinciden distintos dirigentes, que haya “consecuencias inmediatas” tras la salida de José Luis Ábalos del Grupo Socialista en el Congreso. Sin lugar a dudas, los populares señalan con fuerza a Francina Armengol.

En Génova creen que la actual presidenta del Congreso afronta “una situación insostenible”. Algunos dirigentes creen que ya hay motivos encima de la mesa “para que dimita hoy mismo”. Y no esconden que la presión que desde el PP ejercerán estos días irá dirigida casi por completo a la expresidenta de Baleares.

Que el exministro de Transportes, que mantiene su acta como parlamentario desde el Grupo Mixto desafiando la exigencia de su partido, llegara a diferenciar los contratos de su propio Ministerio de los de Armengol – “ahí sí hay quebranto para las arcas públicas” llegó a decir en una entrevista- da alas al PP, que parece convencido de que la expresidenta balear tendrá “difícil” resistir.

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El PP apunta en varias direcciones a la vista de los detalles a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. La primera es el hecho de que Armengol no reclamara a la empresa Soluciones de Gestión (de la que Koldo García, el ex escolta y hombre de total confianza de Ábalos habría cobrado las mordidas) los 2,6 millones de sobrecoste por las mascarillas completamente defectuosas hasta tres años después. Todos los cubrebocas permanecieron almacenados después de que fueran retirados de los centros de salud de las islas sin llegar a utilizarse. Y realmente, el Govern solo emitió la reclamación cuando la Fiscalía ya había iniciado su investigación y la Guardia Civil hizo los primeros requerimientos de documentación.

Además, y en esto el PP pone especial énfasis por el recorrido que podría tener en Europa el asunto, el Govern que entonces dirigía Armengol solicitó fondos europeos para cubrir el gasto del contrato de esas mascarillas sabiendo ya que eran una estafa y resultaban inservibles. Baleares hizo esa solicitud el 19 de noviembre de 2020 omitiendo que el material era defectuoso, como informó el diario ‘El Mundo’. También Ciudadanos ha entrado en escena en el Parlamento Europeo instando a la Oficina Antifraude comunitaria una investigación al respecto.

Lo que la exconsellera de Salud balear, Patricia Gómez, ha explicado para justificar la tardanza en la reclamación a la empresa de las mordidas es que “la orden era no devolver nada y quedarnos con todo el material de protección posible porque no sabíamos lo que iba a pasar”.

Además de la ramificación europea y el hecho de que las mascarillas no cumplieran con un solo requisito de lo que debía ser el material, los populares también ven “responsabilidades evidentes” en otras cuestiones como el hecho de que las mascarillas aterrizaran en Palma el día 27 de abril de 2020, una fecha en la que no se había iniciado el procedimiento de contratación

Así consta en un de los informes de la Guardia Civil, que pone de manifiesto que no hay ningún contrato por escrito donde estén los detalles del encargo del material, el método del pago o los detalles de la entrega. Y que incluso no fuera hasta unos días después de que Baleares recibiera la mercancía cuando realmente el Govern solicitara la autorización para formalizar el acuerdo con la empresa de las mordidas.

Aunque en la pandemia estaban autorizados los procedimientos de emergencia para conseguir material sanitario (esto es, con condiciones muchísimo más laxas de lo habitual en la administración), los investigadores sí inciden en la grave irregularidad que supone “no haber podido localizar la documentación sobre la formalización del contrato”. De ahí que la Guardia Civil afirme que ese paquete de mascarillas de 3,7 millones de euros fue una contratación “pre-concedida”: una adjudicación directa para la empresa vinculada con el núcleo duro del exministro Ábalos.

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La última novedad sobre este caso llega con la afirmación del juez del caso, Ismael Moreno, que apunta al propio Ábalos como “intermediario” de la trama de Koldo en el caso en las islas, ya que habría tratado de frenar el expediente administrativo iniciado en el Govern para recuperar el dinero de las mascarillas defectuosas. Esa supuesta intervención se habría hecho ya con el nuevo Govern que preside el PP. 

El exministro afirmó en una entrevista que no conocía los contratos del Ejecutivo de Armengol y en el entorno de la actual presidenta del Congreso reiteran que “no hubo un contacto con Ábalos, ni por teléfono y por ninguna otra vía, sobre este proceso”. 

Llamarán a Armengol al Senado

Más allá de la presión que el PP sigue ejerciendo sobre los socialistas -Feijóo insistió en que Sánchez “debe decir todo lo que sabe” ayer mismo, después de afirman en la sesión de control que conocía lo que estaba pasando “y lo tapó”- está por ver la evolución de las comisiones de investigación parlamentarias.

La del Congreso es a propuesta del PSOE y pretende evaluar todo lo ocurrido en todas las administraciones autonómicas también. Pero en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, preparan un “calvario” para el partido de Sánchez. En el PP llamarán a declarar a la actual presidenta del Congreso en calidad de expresidenta balear. Y también dejan la puerta abierta a solicitar la comparecencia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno después de que ‘El Confidencial’ publicara que mantuvo contactos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama (presidente del Zamora CF) y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, para presentarle distintos negocios. Todo ello coincidió en tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Ábalos.

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