El PSOE duda del compromiso del PP para desbloquear el CGPJ tras su compaña contra el Constitucional

El PSOE confía en que “durante los próximos días” Bruselas dará el visto bueno a su mediación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero muestra cada vez más dudas sobre el compromiso del PP. Unos recelos que argumentan por lo que consideran una supuesta deriva antisistémica tras las críticas de dirigentes de Génova al Tribunal Constitucional (TC), con mayoría progresista. Otras fuentes del partido no dejan de apuntar a la Operación Cataluña y otras causas en las que se implica al PP para deslizar su interés por mantener una mayoría conservadora en el poder judicial.

“El PP no soporta cualquier institución que no controla”, reprochaban fuentes socialistas después de que el vicesecretario del área institucional del PP, Esteban González Pons, asegurase que “el cáncer del Estado de derecho es el Tribunal Constitucional”. Unas horas después matizaba sus palabras y desde Génova se insistía en que su prioridad es “preservar las instituciones”. Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, justificaba por su parte en una entrevista en RNE que es “normal que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez”. En esta línea, denunciaba que “hay una estrategia de colonización de las instituciones y el ejemplo es el Tribunal Constitucional”. Unas declaraciones que incrementan los temores en Ferraz sobre que los populares no se avengan a renovar el CGPJ.

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Fuentes de Ferraz acusaban a Tellado de seguir “la estela antisistema de Pons” y de situar al PP “en los márgenes del sistema democrático”. La portavoz del PSOE, Esther Peña, avisaba ya al inicio de la semana sobre la renovación del CGPJ que el PP “nos tiene acostumbrados a llegar a un acuerdo y casi al final del túnel escaparse”.

Los socialistas evitan aclarar si están dispuestos a aceptar la propuesta del PP de renovar el CGPJ con el sistema vigente y de forma paralela acordar la reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces quienes elijan la mayoría de los vocales. Sí dicen estar dispuestos a aceptar la metodología que proponga la Comisión Europea, pero entienden que Bruselas no pedirá una reforma paralela al hipotético pacto. Con todo, desde el Gobierno dicen priorizar cualquier fórmula de negociación que plantee la Comisión si como consecuencia los populares acceden a sentarse para desbloquear la renovación. El CGPJ cumplió el pasado mes de diciembre cinco años con el mandato caducado.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se desplazará estará este jueves y viernes a Bruselas, aunque por el momento no tiene agendada ninguna reunión con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Se trata del posible mediador para el desbloqueo del CGPJ, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Vera Jourová. Bolaños asistirá esta noche a una cena de ministros de Justicia que organiza Bélgica, como presidente del turno de la UE, y el viernes se producirán reuniones todavía por concretar, aunque previsiblemente Bolaños y Reynders tendrán oportunidad de intercambiar algunas palabras sobre este asunto.

La mediación de Reynders

Los socialistas desconfían que la campaña de los populares contra el TC se convierta en la “enésima excusa” para resistirse a pactar la renovación de órgano de gobierno de los jueces. “No les gusta cualquier renovación del CGPJ que implique la pérdida de la mayoría conservadora”, aseguran fuentes del partido.

La cercanía de las elecciones europeas, fijadas para el 9 de junio, tampoco ayuda. De hecho, en el PSOE son conscientes de que todo debe resolverse con premura antes de los comicios. Incluso antes del mes de marzo, cuando aproximadamente quedaría suspendido de sus funciones el comisario Reynders al oficializarse su candidatura para el Consejo de Europa.

Desde el PSOE defienden que la renovación del CGPJ no puede demorarse más y ponen cifras económicas al bloqueo. “Supone malgastar más de 60 millones de euros para hacer refuerzos” de personal. El ministro Bolaños, durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la hoja de ruta del departamento de Justicia, se refirió a un coste de 12,5 millones de euros al año para las arcas públicas.

Plan alternativo

Ante la disyuntiva de que los populares mantengan el bloqueo, el Gobierno tiene sobre la mesa la propuesta planteada por el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Esto es, quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. Sin ella, Guilarte entiende que se forzaría la renovación.

Pese a tener este plan alternativo para restar incentivos a que el PP “tenga secuestrado” el poder judicial, en el Gobierno insisten en que la prioridad pasa por acordar la renovación. Lo que sí se rechaza de plano es modificar el sistema de mayorías de tres quintos para sortear a los populares. En la pasada legislatura, Bruselas ya se posicionó en contra de rebajar las mayorías del sistema de elección de los vocales.

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