El juez del “caso Koldo” añade el delito de tenencia ilícita de armas para el dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama

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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo‘ ha acordado ampliar la investigación para uno de los imputados, el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, a un delito de tenencia ilícita de armas dado que en el registro de una de sus propiedades ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) hallaron un arma de repetición manual, carabina, del calibre 44 milímetros de la marca ‘Tiger’ sin documentación.

Así consta en el auto del pasado 22 de febrero, cuando el juez acordó la puesta en libertad de De Aldama, que obra en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que recoge la solicitud previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 20 de febrero en la que daba cuenta de ese hallazgo.

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Carabina hallada en registro de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de ‘caso Koldo’.
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“Durante el desarrollo de la mencionada diligencia -entrada y registro-, se ha encontrado un arma de fuego, la cual carece de documentación que ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia”, dice la UCO, para añadir que se trata de arma de repetición manual.

Ese mismo día, la UCO informó al juez de que en otro de los registros, en el del domicilio del dueño del Depósito Judicial de Murcia Rogelio Pujalte -que no consta como imputado en la causa- en Raya (Murcia), hallaron “varios efectos considerados armas prohibidas por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas”.

Detalla ese oficio, al que también ha tenido acceso Europa Press, que se trata en concreto de una defensa eléctrica (táser) y una defensa extensible. En este sentido, la UCO solicita al magistrado que añada también para él el delito de tenencia ilícita de armas.

Cabe recordar que los imputados en el procedimiento abierto contra la trama que pagó comisiones durante la pandemia para conseguir contratos con administraciones públicas para el suministro de mascarillas están siendo investigados por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

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