El Gobierno balear ocultó a la Fiscalía el fraude de las mascarillas

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El Govern socialista encubrió radicalmente su recepción a instancias del ministerio de Fomento de un millón y medio de mascarillas contra la covid, que no reunían las condiciones indispensables para frenar la propagación del virus. El ejecutivo de Francina Armengol protegió a la trama de Koldo, hasta el extremo de que ocultó a la Guardia Civil que se había analizado en Madrid en 2020 una muestra del material recibido, retirado íntegramente porque no solo era inútil sino peligroso por su nula protección.

La fiscalía Anticorrupción encargó a la Guardia Civil que se personara en el Servicio de Salud del Govern, para que “aportara cuanta información obrase en su poder” sobre el expediente que contrataba a la trama del ministerio de Ábalos a través de la sociedad Soluciones de Gestión. El agente de la Unidad Central Operativo desplazado al departamento de Armengol fue “atendido” por Manuel Palomino, que aquel 19 de julio de 2022 era director de Gestión en tránsito a director general del IB-Salut.

Según el pormenorizado “Informe de Análisis” de la Guardia Civil, el dirigente sanitario “aportó un archivo digital” del ya famoso expediente SSCC EM 226/20, que describe la relación con la trama imputada. La estructura de la documentación obrante en el informe, a la que ha tenido acceso este diario, se dispone en quince apartados por orden alfabético. Se describen por ejemplo aspectos tan concretos como “gestión flete” o “Nota entrega”. Sin embargo, en la carpeta correspondiente no figuran ni el informe del Centro Nacional de Medios de Protección de Madrid que invalidaba la remesa de un millón y medio de mascarillas pagadas con 3,7 millones de euros, ni los pasos seguidos a continuación.

De hecho, los nueve folios del detallado análisis llevado a cabo por la Guardia Civil no incluyen ninguna consideración sobre el engaño sufrido por el Govern Armengol sin protestar. Cuesta imaginar que el estudio omitiera voluntariamente la anomalía de que, dos años largos después de un procedimiento de entrega cuestionado en el texto remitido a Anticorrupción, no se hubiera iniciado la mínima actuación para el reintegro de las cantidades pagadas antes de la formalización del contrato. El receptor no había expresado la mínima desavenencia.

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En el momento en que la Guardia Civil se persona en el Servicio de Salud para reclamar “la información obrante en su poder”, tampoco se informa al cuerpo armado de que las mascarillas habían caducado en el interín. Palomino, en cuanto dirigente de la institución y anfitrión de la requisitoria, difícilmente podía ignorar las graves anomalías que acompañaron a la entrega. Máxime cuando en marzo de 2023, y ya como director general, esboza un tímido escrito a la trama de Koldo. El texto dirigido con su firma a Soluciones de Gestión, bajo el encabezamiento de “Incumplimiento requisitos mascarillas FFP2″, anunciaba tibiamente que “se procederá a tomar las medidas oportunas” sin concreción alguna. Para entonces, habían transcurrido tres años de la entrega. Por comparación, Canarias procedió a paralizar los pagos en cuanto verificó que solo una parte del material entregado incumplía las especificaciones.

Cuesta imaginar que la ocultación en los archivos del servicio de Salud fuera llevada a cabo por funcionarios sin disponer de instrucciones políticas al respecto. En especial, dado que los documentos aportados por la Guardia Civil confirman el conocimiento diáfano que tenían las autoridades sanitarias de las instrucciones de la trama de Fomento, que cumplieron a rajatabla.

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