Dos años del fin de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad: “El cambio más importante en décadas”

Este septiembre, el día 3, se cumplió el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una normativa que ponía fin a la incapacitación judicial del colectivo, reconociendo su derecho a decidir contando con los apoyos que necesitan. La ley designó a los notarios como la autoridad responsable del proceso. “Estamos hablando del cambio legal más importante y fundamental en relación a la discapacidad en décadas”, resume a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, Agustín Matía, director gerente de DOWN ESPAÑA.

Desde la puesta en marcha de la ley, “con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con discapacidad han podido designar quién ha de prestarles apoyo y con qué alcance. También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad”. Así lo ha subrayado el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Antes de la aprobación de la normativa, para ejercitar sus derechos -ya fueran patrimoniales, familiares o sucesorios-, muchas de las personas con discapacidad tenían que solicitar -ellos o sus familiares- la incapacitación judicial.

Ahora, como ha explicado Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás, y, en consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos de humanos”.

“Grandes avances”

La valoración, entre las entidades que representan al mundo de la discapacidad, no puede ser más positiva. “Hace unos años pensábamos que tardaríamos mucho en verlo y se está dando antes de lo que imaginábamos. Un ejemplo de que el cambio es posible cuando hay gente que empuja”, declara Agustín María desde DOWN ESPAÑA mientras se refiere a “grandes avances” en estos dos años.

“Hablamos de una actuación sobre el máximo nivel de reconocimiento de derechos y capacidad jurídica de personas con discapacidad, por tanto el reto de cambio es muy grande, enorme. Y todos somos conscientes de que llevará bastantes años hasta que se vaya asimilando totalmente dentro del funcionamiento de todo el sistema, y sobre todo, dentro de la mentalidad por parte de todos, de agentes jurídicos y, también, de las familias y las propias personas con discapacidad, que no es un tema menor“.

“Se están dando, poco a poco, sentencias judiciales en algunos de los casos que están cambiando el concepto de incapacitación a uno mucho más de apoyo”, señalan desde DOWN ESPAÑA

Matía señala que “se están dando, poco a poco, sentencias judiciales en algunos de los casos que están cambiando el concepto de incapacitación a uno mucho más de apoyo; han ido apareciendo, al anularse las sentencias de incapacitación, muchas más resoluciones en este sentido, reconocimientos de medidas de apoyos o poderes colectivos de forma privada a través de notarios de una forma más generalizada, que era uno de los objetivos de la ley: quitar peso al control judicial y dar más peso al control personal“.

Sesgo en algunas sentencias

Admite que, en este tiempo, desde las entidades también han visto -“era previsible que iba a suceder”, apunta-, unas cuantas sentencias judiciales donde se siguen “manteniendo mecanismos de control o tutela donde no sería necesario o se podría hacer de otra manera. Sí hemos visto unas cuantas unas sentencias que reflejan esos automatismos“. Insiste que ahora se está haciendo “todo el proceso de revisión” de todas esas sentencias y, en algunas lecturas, “está todavía el sesgo de cierta supervisión judicial cuando no sería necesario”.

El sistema actual, añade, sí plantea la figura “de la curatela representativa en aquellos casos límites o extremos donde la situación de la persona es de tal indefensión que se necesita una supervisión y una seguridad de control personal, casos de personas que no se valen. Vamos viendo algunas sentencias que se pueden mejorar, pero somos conscientes de que el propio hábito irá poco a poco generando ese cambio; incluso en esos casos, sobre todo en discapacidad intelectual”, indica Matía.

Dar pautas a los legisladores

Agustín Matía considera importante que las propias familias “dejen de entender el sistema anterior, que era de control judicial por dar seguridad, y que vayan aceptando que es un control más personal, de hacer valer la capacidad de decisión de la persona, hasta donde pueda llegar y que no es necesario una supervisión externa donde la propia persona o su entorno familiar puede responder de forma satisfactoria”.

Imagen de archivo de una persona con discapacidad y un familiar. | EPE

Una buena noticia, abunda, es que uno de los puntos que se ha visto que era necesario reforzar “era dar pautas, recomendaciones o protocolos de respuesta a los operadores jurídicos y se están generando ese tipo de documentos. Ellos son conscientes de que necesitan ese tipo de herramienta. Poco a poco vamos a ir consiguiendo esos cambios”.

Alaba el papel de los legisladores: “No deja de ser un gran salto adelante que hayan impulsado este cambio en algo que, por ejemplo, en otros sectores, como la educación, no se está dando. No están siendo tan valientes como los operadores jurídicos. Conviene mencionarlo porque es llamativo”, concluye el director gerente de DOWN ESPAÑA.

Más vulnerables

Por su parte, la notaria y directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, niega que exista desprotección para las personas más vulnerables, una acusación que proliferó desde determinados ámbitos al inicio de la entrada en vigor de la ley y que la realidad ha descartado totalmente, según su experiencia. “Sin capacidad jurídica no hay verdadera libertad”, resume en conversación con este diario. Esta profesional enfrenta en su trabajo diario casos concretos de aplicación de esta ley que requieren del notario un empleo de mayor tiempo para que las salvaguardas previstas en la ley funcionen.

 

Pone ejemplos prácticos, el de un joven con discapacidad intelectual que tenga la desgracia de perder a su padre y que debe aceptar la herencia. “Antes llegaba a la Notaría con su madre y le teníamos que decir que debía ir al juzgado a incapacitar a su hijo, lo que suponía en la práctica su muerte civil. Todas sus decisiones legales pasaban entonces a depender de un tutor legal”, explica.

El cambio legal vino obligado por una convención de Naciones Unidas que dice que la existencia de una discapacidad no debe implicar que las personas que la sufren vean sustituidas todas sus decisiones por otras personas. El organismo internacional reconoce que todos somos titulares de derechos, y la capacidad de obrar de este colectivo pude requerir apoyos para ejercerlos. 

El cambio legal vino obligado por una convención de Naciones Unidas que dice que la existencia de una discapacidad no debe implicar que que las personas que la sufren vean sustituidas todas sus decisiones por otras personas.

“Es como ocurre cuando cualquier persona se asesora para hacer la declaración de la renta”, agrega la notaria, que insiste en que la incapacitación judicial debe ser el último recurso, porque todas las personas tiene una dignidad, unos deseos y unas preferencias. 

Uso de pictogramas

La labor del notario pasa entonces por escuchar con atención con las personas con discapacidad que llegan a su despacho para sustanciar cualquier trámite -se llegan a utilizar incluso pictogramas-, además de documentar bien cómo se ha formado su voluntad, incluso con la llamada de testigos. “No es por tener dudas, sino por apuntalar su derecho frente a posibles impugnaciones”, explica, a la vez que reclama medidas sociales que acompañen a la norma.

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